El tres por uno del ‘nacionaljudicialismo’ para tapar Ayuso

El Supremo controlado por el PP inhabilita ilegalmente a Torra por desobediencia; hace lo mismo con el exconcejal Jordi Pesarrodona e inicia juicio contra Tamara Vila por falsas acusaciones de terrorismo

Lunes de cacicadas antidemocráticas en el seno de la totalitaria justicia española, empeñada en priorizar el derecho penal del enemigo, la cacería ideológica y la indisoluble unidad de la nación a la democracia. El Tribunal Supremo controlado por el PP ha inhabilitado al president Torra durante un año y medio por desobediencia al negarse a retirar del edificio de la Generalitat una pancarta a favor de los presos políticos. Según Martín Pallín, juez emérito del Supremo, la inhabilitación «está fuera de la legalidad» porque le han aplicado un artículo en el que se condena a una persona por desobedecer resoluciones judiciales u órdenes del superior jerárquico pero la Junta Electoral, en cuyo seno figuraba un asesor a sueldo de C’s, «no es un órgano judicial que pueda dictar resoluciones judiciales ni el superior jerárquico del presidente de una autonomía». Pallín admitió su «verdadero asombro» por una inhabilitación que sería impensable en países como Francia, Portugal, Austria y Alemania, donde no se contempla la desobediencia y en los que conflictos de este tipo se resuelven a través del Constitucional, «no a golpe de derecho penal». Este juez emérito del Supremo asegura que los lazos amarillos no son un símbolo partidista sino «de protesta ante una prisión que ha tomado cuerpo significativo como icono de protesta».

Para el profesor de derecho constitucional y exmiembro del TC Joaquín Urías, el delito de desobediencia «no está pensado para eso sino que las sanciones de la JEC normalmente se quedan en multa». Por su parte, en un artículo en el diario.es Javier Pérez Royo asegura que no hay desobediencia tal y como está tipificado en el artículo 50.1 del Código Penal y recuerda que «sin intermediación del órgano judicial no hay delito. Materialmente se está incumpliendo la orden de la JEC pero lo que convierte dicho incumplimiento en delito es que no se da cumplimiento al requerimiento judicial, la mera negativa a dar cumplimiento a la orden de la JEC no es constitutiva de delito», por lo que califica la sentencia como nula de pleno derecho por vulneración del derecho fundamental del principio de legalidad penal. El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye ha recordado que el hecho tuvo lugar en el que no era período electoral para Torra ni para la Generalitat porque eran unas elecciones españolas y europeas».

Al mismo tiempo, el exconcejal Jordi Pesarrodona era condenado a 14 meses de inhabilitación y a multa de 2.000 euros por desobediencia por el referéndum del 1-O, mientras que se ha iniciado el juicio contra Tamara Vila, activista contra la que piden siete meses de prisión por incitación a desórdenes públicos: fue detenida por la Guardia Civil con la falsa acusación de terrorismo y confinada durante un año en su población.

Paralelamente, el Supremo ha rescatado unas diligencias de 2014 para abrir causa penal contra Alberto Rodríguez (Podemos) por agredir a un policía.

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